El Ayuntamiento reitera la necesidad de que la Comunidad de Madrid modifique la Autorización Ambiental Integrada (AAI) al estar incompleta
#GETAFE / 31 MAYO 2022 /.- La justicia ha dado la razón a los informes que ya aprobó la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Getafe, reiterando que la única administración competente para vigilar y sancionar los incumplimientos de la actividad de Corrugados en lo que a ruidos se refiere, ya sea en zona residencial o industrial, es la Comunidad de Madrid. Esta circunstancia se ha dado después de que Corrugados reclamara en los tribunales un estudio de ruido en zona residencial solicitado por el Ayuntamiento para comprobar que las medidas implantadas por la empresa eran efectivas.
Tal y como refleja la sentencia: “El Ayuntamiento pretendía exigir el cumplimiento de su propia normativa, en este caso es la Ordenanza para la Protección del Medio Ambiente en el municipio de Getafe, invocando a su favor todas las disposiciones legales que atribuyen a los ayuntamiento competencias en materia de control del medio ambiente y, específicamente, la legislación en materia de protección frente a la contaminación acústica”.
“El Ayuntamiento no puede imponer nuevas medidas correctoras que no constituyen el objeto del Plan de Minimización del Ruido (PMR) aprobado por la Comunidad de Madrid en el marco de la AAI otorgada”.
“El Ayuntamiento no puede exigir la realización de determinadas medidas, en este caso un estudio acústico, para comprobar si esa actuación ejecutada en el seno del PMR ha dado resultado positivo o no, pues ello no es de su competencia, ya que recae en el ámbito de las que corresponden a la Comunidad de Madrid, que es la que ha otorgado la AAI”.
“Corrugados tiene ya limitados los niveles de ruido por la Autorización Ambiental Integrada otorgada por la Consejería de Medio Ambiente, y dicha AAI prevalece sobre cualquier otro medio de intervención administrativa en la actividad, siendo vinculante para el Ayuntamiento en todos los aspectos medioambientales recogidos”.
“Es objetivo es concentrar en un solo acto administrativo, a cargo de una única administración, la Comunidad Autónoma competente, el control de estas actividades”.
“El Ayuntamiento solo tiene el control sobre el proyecto correspondiente a la normativa municipal en materia urbanística, excepto en lo relacionado con el ámbito de control medioambiental, en el cual la AAI precede y se antepone a dicho control municipal”.
“El establecimiento de medidas correctoras corresponde a la comunidad autónoma, así como la imposición de las sanciones correspondientes, al disponer expresamente que la AAI será, en su caso, vinculante para la autoridad local”.
Así, tanto la justica como los informes jurídicos de la Universidad Carlos III coinciden en que la Consejería de Medioambiente regional debe hacer frente a la vigilancia y los incumplimientos de la actividad de la empresa, puesto que es esta quien concede la AAI. Esto incluye las sanciones por ruido en zona residencial, que de forma equivocada o intencionada, se había atribuido al Ayuntamiento.
Tras conocer esta sentencia, el Gobierno local, ha vuelto a reclamar a la consejera de Medioambiente, Paloma Martín, que asuma sus competencias y responda a las exigencias que tanto los vecinos como el Ayuntamiento vienen denunciando en lo que respecta a ruidos en zona residencial desde 2014.
Se da la circunstancia además, de que según la información que ha recibido el Ayuntamiento tras innumerables solicitudes, la Comunidad de Madrid ha abierto 8 expedientes por incumplimientos a Corrugados en los últimos 6 años, de los que tan solo ha resuelto 1 a día de hoy con una sanción económica. El Gobierno local ha manifestado su sorpresa por el control que se está haciendo de la AAI en todos sus extremos, puesto que tanto vecinos, como Policía Local han recogido en los últimos meses posibles nuevos incumplimientos.
Esta es la cuarta vez en los cinco primeros meses del año que Getafe reclama con hechos, informes y ahora con una sentencia judicial, que la Comunidad de Madrid debe modificar de oficio la AAI que permite la actividad de la empresa en las actuales condiciones. Hasta la fecha, la consejera Paloma Martín, no ha respondido ninguna de estas reclamaciones.
