El pasado 21 de octubre, las organizaciones hicieron público un llamamiento para la movilización frente a la emergencia climática. Como resultado de ese llamamiento se organizaron para este 12 de noviembre más de una decena de acciones por todo el territorio con un mismo mensaje: que los países más ricos y que más contaminan, entre ellos España, cumplan su compromiso para financiar la adaptación y las pérdidas y daños de los países que menos emiten y a la vez más sufren los impactos del cambio climático.

Estas movilizaciones han tenido lugar cuando se cumple la primera mitad de esta 27ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), que se celebra en Sharm el-Sheij, Egipto. Un año más, vuelve a quedar patente cómo la falta de ambición de los gobiernos está condenando al planeta a un calentamiento global muy superior al 1,5 ºC indicado por la ciencia y aprobado en el Acuerdo de París. Los países deben ser mucho más drásticos con sus objetivos de reducción de emisiones, y España tiene la oportunidad de liderar este compromiso.

Además, a la injusticia climática que supone que los menos responsables del problema sean los que sufren las consecuencias de manera más acusada, se suma ahora la injusticia energética: los oligopolios están teniendo beneficios extraordinarios mientras la ciudadanía se empobrece. Las organizaciones hacen un llamamiento a los gobiernos para acelerar la transición energética hacia un modelo eficiente, justo, democrático y renovable; que proteja a las personas más vulnerables y garantice el acceso a un medio ambiente limpio y sano, declarado recientemente como un derecho humano universal por la Asamblea General de Naciones Unidas.

La emergencia climática es una crisis de derechos humanos de una magnitud sin precedentes y la falta de una respuesta adecuada a la crisis climática está provocando violaciones de los derechos humanos. Al menos 3.600 millones de personas viven ya en situación de enorme riesgo climático. En España, este mismo año, se han sentido gravemente los impactos del cambio climático, con terribles olas de calor, incendios forestales, sequía y otros fenómenos extremos.

El modelo de crecimiento ilimitado mediante la continua quema de combustibles fósiles y la destrucción de los ecosistemas debe cesar. La ciencia indica que es necesario realizar reducciones más profundas y más rápidas de gases de efecto invernadero. De hecho, en el Estado español estas reducciones deberían descender hasta alcanzar la neutralidad climática antes de 2040. Sin embargo, los últimos datos de emisiones de la Unión Europea muestran que se está recuperando la tendencia al alza de las emisiones que se registraba antes de la COVID–19 (en España aumentaron un 5,1 % en 2021 con respecto al año anterior). Un año y medio después de la entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático hay muchas medidas políticas que siguen sin  alinearse con las recomendaciones establecidas por el IPCC.